El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llevó adelante este viernes un cabildo en la plaza de Armas 10 de Noviembre para sumarse a la presión cívica de Santa Cruz y La Paz contra los cortes. "Se consultará a las instituciones la defensa a la democracia, la paz y el estado de derecho; la otra es recomendar tomar las acciones legales para determinar un estado de excepción en los lugares donde hay conflictos", planteó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez. El cabildo exigió además el desbloqueo inmediato y un diálogo que permita el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a la región. Comcipo atribuye las movilizaciones a "una articulación entre la COB y el expresidente Morales"; en Potosí las medidas de presión llegan a 26 días y golpean la canasta básica de las familias.

Cochabamba se mantiene como el epicentro del cerco —con 30 puntos de corte según el reporte de la ABC de este viernes— y allí el ala evista endureció la medida. Desde el trópico, Evo Morales aseguró que las bases "no van a levantar los bloqueos hasta ganar esta batalla" y desafió la apuesta oficial al desgaste: "dicen que se va a cansar, pero aquí tenemos un poquito de experiencia: turnos, turnos, permanentes". El dirigente Mario Soto, de Evo Pueblo, ratificó que no irán a "ningún diálogo" e instruyó a las 16 provincias "masificar" las medidas. El cerco golpea a la educación: 379 de 2.085 unidades educativas (18%) pasaron a clases a distancia y cinco distritos operan así por el "cerco absoluto"; en lo judicial, 11 aprehendidos del caso río Khora II fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pablo de Quillacollo.

El teniente de inteligencia Wílmer Chávez Condori —descubierto vestido de civil fotografiando un punto de corte— fue liberado tras cerca de 24 horas retenido por bloqueadores "interculturales" en San Julián. El Ministerio de Defensa informó que el oficial llegó durante la madrugada de este viernes a San Ignacio de Velasco y "se encuentra en buen estado de salud", tras una salida negociada con intervención de ministros por instrucción presidencial y mediación de la Defensoría del Pueblo. El gesto distensiona el clima en el oriente, pero el bloqueo sobre la ruta Santa Cruz–Beni–Chiquitania sigue afectado y, en lo judicial, el alcalde de San Julián, Carlos Vaca, mantiene su denuncia contra el líder de la Unión Juvenil Cruceñista por el operativo violento del 6 de junio.

La Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), con sede en Sucre, inició el apagado de sus hornos por la imposibilidad de operar ante los cortes de ruta, que ya le impiden recibir materia prima y distribuir su producción. Su presidente del directorio, Guido Calvo, informó pérdidas que superan los Bs 70 millones y la acumulación de unas 80.000 toneladas de clínker; la empresa otorgó vacaciones colectivas a más de un centenar de trabajadores mientras persistan los bloqueos. Fancesa presentó además una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de obstaculización al trabajo y a la libre circulación, identificando a dirigentes nacionales y departamentales vinculados a las movilizaciones.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, volvió a emplazar al Gobierno a decretar de inmediato un estado de excepción sectorizado para restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento, al considerar agotada la vía del diálogo frente a sectores cuya única demanda es la renuncia de Paz. "La decisión que tiene que tomar el presidente es decretar el estado de excepción sectorizado… De una vez por todas, presidente, ponga orden. No podemos estar secuestrados", planteó el dirigente cívico. Cochamanidis advirtió que el Gobierno "será cómplice de la quiebra económica si no actúa" y cifró en más de USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por más de 40 días de cortes.

La falta de previsibilidad en el diésel amenaza la campaña de invierno en Santa Cruz: Anapo alerta pérdidas por más de USD 120 millones y advierte que unas 400.000 hectáreas de soya del Norte Integrado y cerca de 120.000 empleos están en riesgo; exige unos 90 millones de litros de entrega directa. "Tenemos una campaña de verano casi concluida, pero debido a esta situación se ven impedidos de salir al mercado… no existe el volumen suficiente para cubrir la demanda", dijo Jaime Hernández, gerente de Anapo. La CAO califica de "catastrófica" la irregularidad en el suministro y advierte que la cadena avícola, porcina y lechera está en riesgo, mientras YPFB asegura haber elevado los despachos pese a la alta demanda cruceña por la cosecha.

A las horas finales de este viernes, el Gobierno de Rodrigo Paz seguía sin firmar el estado de excepción que le exigen cívicos, transportistas y empresarios. El vocero presidencial José Luis Gálvez mantuvo la ambigüedad —"vamos a actuar y luego informar"— y el Ejecutivo insistió en que cualquier respuesta será "democrática y del Estado, no improvisada", amparada en la Ley de Regulación de los Estados de Excepción promulgada el 8 de junio. El Comité Multisectorial de La Paz le fijó 48 horas para decretar la medida, ejecutar el mandamiento de aprehensión contra Evo Morales y exigir la renuncia del ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y del vicepresidente Edman Lara; de no haber respuesta, convoca un cabildo digital nacional para el domingo. El cerco se sostiene en torno a 92 puntos en seis departamentos y la ABI advierte que en algunos tramos ya se superan los 100.

A las horas finales del día 43, la posibilidad de una mesa seguía sin concretarse. La Central Obrera Boliviana y la Federación Túpac Katari de La Paz condicionaron cualquier acercamiento a que el Gobierno presente "una agenda clara"; el secretario general de la COB, Claudio Choque, deslizó el gesto —"hasta en la guerra se llega al diálogo"— y anticipó que convocará a un ampliado nacional para que las bases decidan. La COD de Cochabamba aprobó proponer a la COB un "cuarto intermedio humanitario" para abrir la negociación, mientras la dirigencia campesina paceña exigió la renuncia de Rodrigo Paz, negó "nexos" con Evo Morales —"este pueblo está con recursos propios"— y anunció un cabildo en Pucarani. Aún así, la renuncia del presidente se mantiene como demanda de fondo.

En un acto en Lauca Ñ, su bastión del trópico de Cochabamba, Evo Morales subió el tono frente al presidente Rodrigo Paz, lo calificó de "marioneta" y negó haber instruido la toma de cuarteles, aunque aseguró que no huirá del país y retó a que lo detengan en el Chapare. "Si me da garantías voy a La Paz; si no, si es machito que venga a Lauca Ñ, le vamos a enseñar cómo se gobierna", desafió Morales. El Gobierno replicó que la orden de rodear unidades militares "reafirma la tesis" de una "conspiración financiada por el narcoterrorismo para vulnerar el orden constitucional". Morales sigue refugiado y declarado en rebeldía en otra causa, mientras el opositor Jorge Tuto Quiroga acusó al Ejecutivo de "tenerle miedo" y de apostar a la distracción del Mundial para desactivar los bloqueos.

El convenio de obras suscrito esta semana entre el presidente Rodrigo Paz y el alcalde de El Alto, Eliser Roca —con proyectos viales, luminarias y antenas Starlink—, abrió una nueva grieta en la urbe. Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales de los distritos 10 y 14 cuestionaron que el acuerdo se haya negociado "sin consultar a las bases" y reclamaron que no tuvo ningún impacto sobre los bloqueos que persisten en la ciudad. Las juntas adelantaron que pedirán información detallada de los compromisos asumidos; Roca, que defendió el convenio como una herramienta para "socializar" el diálogo con los vecinos, había pedido a Paz no emitir el estado de excepción y apostar por la negociación.

El desabastecimiento de oxígeno medicinal por los bloqueos llevó a declarar emergencia sanitaria y humanitaria en La Paz por 90 días: hospitales de tercer nivel reportan reservas para apenas uno a tres días y suspenden cerca del 80% de las cirugías programadas para atender solo urgencias, neonatos y oncología. El Ministerio de Salud despachó de emergencia 486 cilindros de oxígeno a 11 hospitales de segundo y tercer nivel de La Paz y El Alto y montó un puente aéreo con apoyo del PNUD y el PMA, mientras las rutas troncales sigan cortadas. Se reportan muertes de pacientes que no alcanzaron a llegar a un centro de salud por los cortes.

El cerco de 43 días empieza a redibujar el mapa productivo: empresas paceñas evalúan trasladar operaciones a Santa Cruz ante la imposibilidad de mover carga, y los gremios advierten que el éxodo dejaría miles de desempleados en la sede de Gobierno. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) cifra las pérdidas en USD 2.500 millones —unos USD 60 millones diarios, con más del 70% de las 13.000 industrias paceñas paralizadas— y reclama un plan nacional de reactivación. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció un paquete de medidas para la "reconstrucción de la economía" y aseguró que "quedan muy pocos días" de conflicto.